La Generalitat Valenciana ha remitido a la sociedad estatal acuaJúcar la resolución firmada el pasado 9 de febrero por el subsecretario de la conselleria de Economía y Hacienda, denegando el acceso al expediente administrativo del aval de un millón de euros concedido por la administración autonómica a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, lAlacantí y Consorcio de la Marina Baja. Recordemos que el mencionado aval de la Generalitat fue aprobado por Decreto 204/2006, de 22 de diciembre, y publicado en el DOGV el pasado 28 de diciembre. Con posterioridad, el consejo de administración de acuaJúcar aprobó personarse en el mencionado expediente administrativo, haciéndose efectiva dicha solicitud por parte del consejero delegado el pasado 31 de enero.
La resolución de la conselleria de Economía va acompañada de una copia del informe de la Abogacía General de la Generalitat en cuyas conclusiones se especifíca que …no procede acceder a la petición formulada por la Sociedad Estatal Aguas del Júcar, S.A. consistente en que se le permita examinar el expediente (…), atendiendo a que en el mismo se contienen documentos de carácter nominativo y a que dicha mercantil carece de interés legítimo y directo…. Respecto a la solicitud de identificación de las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramita el expediente de este aval de un millón de euros, el informe de la Abogacía de la Generalitat concluye que …dicha información le resulta plenamente accesible por cuanto que se contiene en el Reglamento Orgánico y funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, así como en la guía de personas y servicios de la Generalitat.
Precisamente, estas conclusiones contradicen las del informe elaborado en su día por la Abogacía del Estado, en el que se destaca que la sociedad estatal acuaJúcar tiene derecho no sólo como lo tiene todo ciudadano, sino además por ostentar interés legítimo y directo- a solicitar a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat el acceso a los documentos que formen parte del expediente de autorización de concesión de aval a la Junta Central de Usuarios, a fin de consultar y, en su caso, obtener copias o certificados de los mismos.
Tras conocer la resolución de la Generalitat denegando a esta sociedad estatal el acceso al mencionado expediente, el consejero delegado de acuaJúcar, José Mª Marugán, se pregunta: ¿por qué se niega el señor Camps y la Generalitat a facilitarnos el acceso a ese expediente?¿dónde irá a parar en realidad ese millón de euros?¿qué intentan ocultar? Si todo es legal… ¿a qué tienen miedo?
Para Marugán, el oscurantismo y la falta de transparencia de la Generalitat Valenciana respecto a este aval de un millón de euros a la Junta Central de Usuarios, nos hace tener fundadas sospechas sobre una presunta financiación irregular de la campaña del PP en la denominada guerra del agua, como sucede igualmente con la Fundación Agua y Progreso. Vamos a llegar al fondo de este turbio asunto, y vamos a exigir también a la Generalitat Valenciana que asuma toda su responsabilidad, añade el consejero delegado de acuaJúcar.